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Con unas cifras de desempleo en España cercanas al 20% de la población activa y un déficit presupuestario disparado hasta el 11% en 2009, resulta evidente que las medidas que se deben adoptar en la lucha contra el paro tienen que estar basadas en políticas activas de empleo que fomenten la recuperación del mercado laboral y, por tanto, las arcas del Estado, evitando un aumento del gasto público que provocaría la entrada en déficit del Inem en pocos meses. Si a todo esto añadimos que la economía sumergida en España se situará en el 23% del PIB a finales de 2010, alcanzando la cifra de 240.000 millones de euros, y que una buena parte de los parados en nuestro país está trabajando en la economía sumergida, resulta también evidente que un objetivo primordial de la Administración debería ser lograr aflorar el mayor número posible de los trabajadores empleados irregularmente.
Es necesario que los servicios a la persona abandonen la economía sumergida
Tenemos una magnífica oportunidad para eliminar la precariedad en el sector
Entre el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno en su lucha contra el desempleo se echan de menos aquellas que promuevan de una manera firme la afloración de empleos sumergidos a la economía regulada, algo que, dicho sea de paso, reduciría la precariedad laboral en nuestro país y ofrecería mayores posibilidades de obtener un empleo de calidad a los colectivos más desfavorecidos, entre los que se encuentran las mujeres, los inmigrantes y las personas con un nivel menor de estudios.
En este sentido, los servicios a la persona (SAP), un sector de actividad omnipresente en el devenir diario de la totalidad de los hogares de nuestro país, tienen un potencial de creación de hasta un millón de puestos de trabajo regulados que en la actualidad se están prestando en su inmensa mayoría desde la economía sumergida. Resultaría arrogante asegurar que todo ese potencial se pueda capitalizar de la noche a la mañana y de forma sencilla, pero sí me atrevo a afirmar que un correcto desarrollo del sector de los SAP no resultaría muy complicado y permitiría la creación de al menos 700.000 puestos de trabajo regulados en España antes de que finalice 2013 y a un coste cero para las arcas del Estado.
Pero ¿qué son los servicios a la persona? ¿Están realmente tan presentes en nuestros hogares? Los SAP reagrupan el conjunto de servicios que contribuyen a un mayor bienestar de los ciudadanos mejorando sus condiciones de vida en el domicilio, el trabajo o los lugares de ocio. Encuadran tres grupos básicos: los servicios a la familia, donde están incluidas actividades tales como el cuidado de niños y mayores, las clases particulares a domicilio o la asistencia informática en el domicilio; los servicios para la calidad de vida y la salud, referidos a los cuidados no prestados por el sector público a convalecientes, discapacitados o dependientes, entre otros; o los servicios de asistencia al hogar, que consisten en el apoyo en tareas domésticas y las pequeñas reparaciones o adaptaciones del hogar.
¿Qué familia española no ha necesitado de la prestación de alguno de estos servicios de manera más o menos recurrente? La realidad es que la práctica totalidad de la población necesita personal externo para que le preste uno o varios de estos servicios. Lo malo es que, por lo general, en más de un 90% de los casos se hace a través de la economía informal, que es más asequible económicamente y está disponible en cualquier rincón del país. Por tanto, queda claro que el sector necesita de la adopción de medidas que universalicen el acceso regulado a unos servicios a la persona de calidad para que sean accesibles a toda la población independientemente de la ubicación geográfica, y además con precios equiparados a los de la economía sumergida.
Para que el sector se desarrolle plenamente es necesario que la Administración tome medidas. En mi opinión, el primer paso es la creación de una Agencia Nacional de Servicios a la Persona que cuente con al apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales y cuyo objetivo primordial sea la promoción de la distribución de los servicios a la persona en cualquier lugar de España, permitiendo el desarrollo de un nuevo sector empresarial de creación intensiva de empleo no deslocalizable. Se encargará, además, de promover una modificación especial de la normativa laboral y fiscal del sector que permita mejorar las condiciones generales de los asalariados y su formación. Esta agencia tiene que delimitar el listado de actividades específicas a incluir como servicios a la persona e implantar un mecanismo de acreditación nacional de empresas prestatarias que garantice la cobertura geográfica y de calidad de los servicios.
Para lograr la equiparación de los precios con los de la economía sumergida, se deben adoptar una serie de medidas fiscales y laborales que, además de permitir la reducción de las cifras de desempleo y mejorar la calidad de los servicios prestados, no supongan ningún coste para la Administración y mejoren la competitividad de las empresas. Entre otras, será necesario la aplicación de un IVA muy reducido para las actividades del sector, la incorporación de deducciones en el IRPF para los particulares que contraten de forma regulada estos servicios, la disminución de cotizaciones sociales para los empleadores del sector y deducciones en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que aporten a sus empleados estos servicios como medio de conciliación laboral. El saldo neto en las cuentas del Estado a nivel presupuestario deberá ser neutro, equiparándose los ingresos adicionales en nuevas cotizaciones e impuestos con las deducciones aplicables a particulares y empresas por la utilización de estos servicios de forma legal.
Todas estas medidas tienen que ir acompañadas de sistemas de pago transparentes de los servicios que incorporen automáticamente todas las retenciones fiscales correspondientes y permitan a la Administración mantener el control sobre la actividad realizada.
Las ventajas para la sociedad son múltiples: se reduce el desempleo entre las capas de la población más desfavorecidas y con mayor dificultad para incorporarse al mercado de trabajo; se disminuyen las prestaciones por desempleo que tiene que sufragar el Estado; se aumentan los ingresos del Estado por cotizaciones; se reduce la precariedad del empleo sumergido; las familias podrán disponer de servicios a la persona de forma sencilla, transparente, profesional y con todas las garantías en la asistencia, y el empleo creado sería estable y localizado, ya que la prestación de los servicios no se puede trasladar a otras ubicaciones.
En Francia se percataron hace cinco años de los beneficios que les reportaría el desarrollo del sector y, mediante la aprobación de la denominada Ley Borloo, en 2005, decidieron apostar por un desarrollo regulado de los servicios a la persona que les permitió crear medio millón de nuevos puestos de trabajo estables y de calidad en los primeros tres años de aplicación de la ley. Allí comenzaron con un número reducido de actividades reguladas como servicios a la persona, tales como el cuidado de los niños y dependientes, los servicios de limpieza a domicilio o las clases particulares. Tras constatar el éxito y la viabilidad de las medidas adoptadas, han ido incrementando el catálogo, incluyendo otros servicios como el cuidado de jardines, la asistencia informática a particulares o el servicio de peluquería en el domicilio.
Tenemos una magnífica oportunidad de eliminar la precariedad en un sector que presta unos servicios que ya son indispensables en la sociedad del bienestar en la que vivimos y de, al mismo tiempo, aprovechar para crear empleo y regularizar una industria que permita además que se desarrolle de una forma correcta la Ley de Dependencia que tenemos en España, que, por otro lado, es sin duda la más avanzada de todo el mundo.
Javier Benavente Barrón es presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) y presidente de Alares.
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/aflorar/millon/empleos/elpepueconeg/20100808elpneglse_9/Tes
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